Se notificó a Claudia Rivera sobre invasión de predio donde ocurrió la explosión

Pese a que el presidente auxiliar entregó un documento, el Ayuntamiento no tomó cartas en el asunto para revisar la zona

Desde septiembre de 2020 fue cuando se le hizo saber a la administración de Claudia Rivera Vivanco sobre la invasión del predio en San Pablo Xochimehuacan, en donde se registró la explosión la madrugada del domingo que dejó como saldo un muerto y 14 heridos.

La morenista hizo caso omiso a esta advertencia, pues pese a que se entregó un documento firmado por el presidente auxiliar, Paulo Cesar Juárez, no se tomó cartas en el asunto para revisar la zona, donde se ordeñaban las tomas clandestinas de gas LP.

Con fecha de 21 de septiembre fue emitido el oficio y recibido un día después, mismo que en lo particular fue dirigido a Elisa Molina Rivera, quien entonces era directora de Atención Vecinal y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) y quien hoy ocupa una de las seis regidurías de Morena en el Ayuntamiento de Puebla.

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En el papel se solicita la intervención del gobierno municipal, pues se informó que con anterioridad la autoridad auxiliar acudió a la zona y los habitantes aseguraron que tenían la documentación, sin embargo, ese predio es una donación que se hizo tiempo atrás para la junta auxiliar.

En ese tenor, se urgió el apoyo de la administración de Rivera Vivanco, pues se hizo saber que debajo del predio se encuentra la tubería del gas LP, no obstante, el tema no fue atendido y un año después se originó la explosión del pasado domingo.

“Me permito pedir su intervención y la de las instancias correspondientes que estime pertinentes, ya que independientemente de que sea un predio propiedad de ese Ayuntamiento, considero que deben tomarse las acciones necesarias”, se lee.

Por su parte, en entrevista con El Sol de Puebla, el edil auxiliar, César Juárez, refirió que no fue el único oficio que se le hizo llegar a las autoridades municipales de ese entonces, pues en varias ocasiones se le solicitó la intervención, ya que a él no se le hacía caso.

Por tanto, sostuvo que esta situación en la que hay un fallecido y personas de gravedad se pudo haber evitado, así como las pérdidas materiales, solo si se hubiera trabajado de manera coordinada con Claudia Rivera.

DOCUMENTO ESTÁ MANIPULADO: ELISA MOLINA

Por su parte, Elisa Molina Rivera aseveró a través de un mensaje difundido en las redes sociales que el oficio que circula cuenta con “una evidente manipulación en el sello de recepción”, así como algunas irregularidades en las coordenadas de la zona, ya que el predio mencionado en el documento no es el preciso.

Así como refirió que en septiembre de 2020 se logró que las 17 juntas auxiliares por unanimidad o por mayoría aprobaran por primera vez reglas de transparencia, y fue precisamente Paulo César Juárez, edil de San Pablo Xochimehuacan, quien se negó a firmar el documento pese a que su cabildo auxiliar suscribió el acuerdo.

Además, mencionó que la administración de la Cuarta Transformación recibió 25 millones de pesos anuales de transferencias poco o nada transparentes en ministraciones para las juntas auxiliares y con medidas de austeridad incrementaron a 42 millones de pesos anuales, con reglas claras.

La regidora de Morena hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez a fin de “moderar sus declaraciones”, pues “los juicios sumarios quedaron rebasados”.

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La morenista hizo caso omiso a esta advertencia, pues pese a que se entregó un documento firmado por el presidente auxiliar, Paulo Cesar Juárez, no se tomó cartas en el asunto para revisar la zona, donde se ordeñaban las tomas clandestinas de gas LP.

Con fecha de 21 de septiembre fue emitido el oficio y recibido un día después, mismo que en lo particular fue dirigido a Elisa Molina Rivera, quien entonces era directora de Atención Vecinal y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) y quien hoy ocupa una de las seis regidurías de Morena en el Ayuntamiento de Puebla.

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En el papel se solicita la intervención del gobierno municipal, pues se informó que con anterioridad la autoridad auxiliar acudió a la zona y los habitantes aseguraron que tenían la documentación, sin embargo, ese predio es una donación que se hizo tiempo atrás para la junta auxiliar.

En ese tenor, se urgió el apoyo de la administración de Rivera Vivanco, pues se hizo saber que debajo del predio se encuentra la tubería del gas LP, no obstante, el tema no fue atendido y un año después se originó la explosión del pasado domingo.

“Me permito pedir su intervención y la de las instancias correspondientes que estime pertinentes, ya que independientemente de que sea un predio propiedad de ese Ayuntamiento, considero que deben tomarse las acciones necesarias”, se lee.

Por su parte, en entrevista con El Sol de Puebla, el edil auxiliar, César Juárez, refirió que no fue el único oficio que se le hizo llegar a las autoridades municipales de ese entonces, pues en varias ocasiones se le solicitó la intervención, ya que a él no se le hacía caso.

Por tanto, sostuvo que esta situación en la que hay un fallecido y personas de gravedad se pudo haber evitado, así como las pérdidas materiales, solo si se hubiera trabajado de manera coordinada con Claudia Rivera.

DOCUMENTO ESTÁ MANIPULADO: ELISA MOLINA

Por su parte, Elisa Molina Rivera aseveró a través de un mensaje difundido en las redes sociales que el oficio que circula cuenta con “una evidente manipulación en el sello de recepción”, así como algunas irregularidades en las coordenadas de la zona, ya que el predio mencionado en el documento no es el preciso.

Así como refirió que en septiembre de 2020 se logró que las 17 juntas auxiliares por unanimidad o por mayoría aprobaran por primera vez reglas de transparencia, y fue precisamente Paulo César Juárez, edil de San Pablo Xochimehuacan, quien se negó a firmar el documento pese a que su cabildo auxiliar suscribió el acuerdo.

Además, mencionó que la administración de la Cuarta Transformación recibió 25 millones de pesos anuales de transferencias poco o nada transparentes en ministraciones para las juntas auxiliares y con medidas de austeridad incrementaron a 42 millones de pesos anuales, con reglas claras.

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